Si Miami-Dade vuelve a antigua práctica migratoria perderá miles de dólares

Advierten que si Miami-Dade vuelve a su antigua práctica de retener a las personas después de que termine su detención criminal, perderá cientos de miles de dólares - o más 

Autor: miamidiario.com (*)

El Centro Legal sobre la Pobreza del Sur (SPLC por sus singlas en inglés), la Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida, Kurzban, Kurzban, Weinger, Tetzeli y Pratt, PA, numerosos académicos de Derecho y grupos de defensa locales, instaron a la Junta de Comisionados de Miami-Dade a que defienda una resolución del condado que, según dijeron, ha ahorrado millones de dólares de impuestos y mejorado las relaciones de la comunidad con la policía al no exigir a los oficiales que retengan a las personas en las cárceles a solicitud de las autoridades de inmigración. 

De acuerdo a un comuicado de prensa, el futuro de la resolución se puso en peligro por la directiva del alcalde Carlos Giménez el 26 de enero, quien ordenó que condado debe volver a retener a inmigrantes indocumentados a expensas de los contribuyentes.

En una carta a los comisionados, los grupos explicaron que, contrario a la directiva del alcalde, el condado no enfrenta amenazas inminentes a los fondos federales manteniendo la política anterior. Aunque el presidente Donald Trump recientemente emitió una orden ejecutiva que amenaza con retener fondos federales de las localidades que se niegan a compartir información con las autoridades federales de inmigración, esa orden no se extiende a Miami-Dade, que sólo prohíbe el encarcelamiento de inmigrantes a expensas del condado.

La carta explica que cualquier intento futuro por parte del Presidente de revocar fondos a estados y localidades está sujeto a limitaciones constitucionales.

Advirtieron que si Miami-Dade vuelve a su antigua práctica de retener a las personas después de que termine su detención criminal, perderá cientos de miles de dólares - o más - anualmente, según la carta. 

Según un memorándum emitido por el alcalde, el condado gastó más de $624,000 para honrar las solicitudes de detención de inmigración en 2013, el año antes de que el condado dejara de honrarlos. La cifra supera con creces la reciente declaración del alcalde de que una política de honrar las solicitudes de detención costará al condado sólo unos 50.000 dólares al año.

La carta también describe cómo el condado podría hacerse vulnerable a demandas si sus cárceles retienen a gente después de que haya terminado su condena criminal. La policía local ha sido responsable en repetidas ocasiones de la detención inconstitucional de personas en respuesta a tales solicitudes.

"Forzar a los oficiales de policía locales a convertirse en agentes de inmigración sólo socavará la confianza entre la policía y los inmigrantes, lo que hace que nuestras comunidades sean menos seguras porque el miedo impide que los inmigrantes denuncien crimenes", dijo Naomi Tsu, subdirectora legal de SPLC. "El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, necesita proteger los mejores intereses de sus electores en lugar de entregarse a una administración que ha demostrado que sólo sabe llevar la política migratoria de nuestra nación al caos".

"La política aprobada por la comisión del condado en diciembre de 2013 fue sobre todo para proteger a las familias inmigrantes", dijo Jonathan Fried, director ejecutivo de We Count!, una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes y los campesinos. "La respuesta del alcalde Giménez ante las amenazas del gobierno Trump aumentará el temor y las violaciones de los derechos humanos en nuestra comunidad. Además, es injustificado, innecesario, y pone al condado en peligro".

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